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“El mínimo vital gratuito es materializar el derecho humano al agua”
Entrevista a César Cádenas
Director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
MC (*)

En días previos a que la Asamblea Constituyente ecuatoriana entregara la nueva Carta Política, visitamos el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, ubicado en la Av. Malecón 2000, entre las calles Loja y Juan Montalvo. Al lugar llegamos para conversar con César Cárdenas, su director.

Las décadas que lleva residiendo en Guayaquil, son suficientes –aunque es oriundo de la provincia de Bolívar- para convertirlo en portavoz de los problemas sociales que afectan a ciertos sectores de la Perla del Pacífico.
Ha trabajado directamente con sectores vulnerables, sobretodo con niños, niñas y adolescentes. Es uno de los fundadores de la organización Mi Cometa, que tiene su sede en el Guasmo Sur, en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero. Se lo ha visto, también, confrontando el trabajo de la concesionaria de agua Interagua y criticando los altos costos de un servicio que, según nos dijo, no ofrecen al ciento por ciento.

En la presente, César nos explica el problema del agua en Guayaquil; los avances que se logran sobre el tema con la nueva Constitución y su apreciación del trabajo hecho en Ciudad Alfaro.

Y aunque, como aclaramos al inicio, esta es una entrevista realizada antes del término de la Asamblea, decidimos compartirla con ustedes porque consideramos necesario socializar los comentarios, cifras y porcentajes que César nos cuenta sobre un tema que nos atañe a todas y a todos, y que por su importancia es objeto de disputas a todo nivel. El tema del agua, como la eliminación de asignación de recursos para las universidades y colegios privados, entre otros tantos, son los verdaderos motivos por los que vemos en estos días a la derecha descalificar la nueva Constitución y hasta han consensuado llamarla “el proyecto de nueva Constitución”, como si eso fuera suficiente para lograr su objetivo.

Por eso es importante que en estos tiempos de campaña conozcamos lo que no nos dicen los medios de comunicación, para poder confrontar los intereses de los unos y de los otros.
La mejor manera de hacer campaña, al menos para nosotros, es debatiendo, socializando y aterrizando los 444 artículos aprobados en Montecristi, de ahí la vigencia de ésta entrevista.

Memoria Ciudadana (MC): ¿Qué significa eso del agua como un derecho humano?
César Cárdenas (CC): Lo primero que debo decir es que la fijación del derecho humano al agua es súper importante para el país y para América Latina, porque con él, Ecuador, se convierte en el segundo país, en el continente, que declara en su Constitución, que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho humano al agua. Y eso es importante, también, porque va a permitir judicializar cuando no se cumpla este derecho, porque eso está aparejado por el cumplimiento del protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales.
Por otra parte, la inclusión de este derecho provocó una serie de disputas internas en las mesas 5 y 7, pero al final se impuso la tesis de que es necesario avanzar constitucionalmente, en términos de lograr mejores conquistas para las personas.
Pero lo más importante del derecho, (no es solo la declaración del derecho en sí), tiene que ver con la no privatización del agua, justamente para que sea un bien manejado de una manera pública y comunitaria, con participación de la ciudadanía.

MC: Sobre el tema al que te refieres ahora, las privatizaciones… durante las plenarias, la minoría ha argumentado que privatización y concesión no es lo mismo, incluso, al alcalde Jaime Nebot, lo hemos escuchado con los mismos argumentos. Esto a propósito de que el Municipio de Guayaquil tiene un contrato firmado por 30 años, con la concesionaria de agua Interagua. ¿Podrías explicarnos un poco la diferencia entre ambos términos?
CC: La privatización significa privarle a la gente que no tiene dinero, al acceso de los servicios, en este caso, al agua.
La concesión es concederle esa facultad de privarle a la gente de ese derecho, a una empresa de carácter privado.
Como ves, son la misma cosa. Lo único que cambia es la infraestructura. Quién es el dueño de esa infraestructura. En la privatización, la infraestructura por completo pasa a ser del sector privado. Mientras que en el caso de la concesión, exceptuando eso (la infraestructura), todo lo demás (quién fija las tarifas, quién se lleva el dinero), es la empresa privada.
A la larga es igual, porque durante el tiempo que dura la concesión, nadie más puede desarrollar iniciativas relacionadas con el agua, porque el contrato de concesión es de exclusividad, es decir, de monopolio garantizado, en este caso, por el Municipio de Guayaquil.

MC: César, ¿cuán cierto es que la ciudad, la ciudadanía específicamente, tendría que indemnizar a Interagua en caso de darse por terminado el contrato anticipadamente?
CC: No. Más bien Interagua es la que debe indemnizar a la ciudadanía por los graves daños y perjuicios que ha causado en la salud de la población, y las afectaciones inclusive al aparato productivo de la ciudad.
En segundo lugar, hay que aclararle a la ciudadanía que para qué necesitamos una empresa privada que no invierte absolutamente ni un solo centavo de su bolsillo. Que ha recibido alrededor de 400 millones de dólares en estos últimos seis años, del Estado ecuatoriano, y una tercera parte de ese dinero de las tarifas que han pagado los ciudadanos. Es decir, quienes pagamos en definitiva el servicio de agua potable y alcantarillado somos los propios ciudadanos. Esto es, que si hay una ampliación de una cobertura, si hay arreglos de tuberías lo estamos pagando nosotros. Entonces, ¿para qué se necesita una empresa privada que no invierte, que solo se esta llevando las ganancias, las utilidades, producto de este gran negocio que es el agua, que le dieron en bandeja de plata a través de la figura de concesión?
Lo que va a pasar y debe pasar, es que el Municipio de Guayaquil, cree una empresa de agua potable con la participación de los usuarios, incluso Interagua podría participar. Porque nosotros no creemos que la empresa privada no deba participar. A ellos se los podría contratar para que reparen tuberías; para que administren los tanques de tratamientos de agua, pero lo que no pueden es ser los titulares del servicio ni tampoco llevarse las ganancias.
Debe entender la ciudadanía que esas ganancias deben servir para que más gente tenga acceso al agua potable y al alcantarillado.
Es decir, que en vez de que un millón de personas que a lo largo de la concesión se iban a quedar sin agua y alcantarillado, gracias a la resolución de la mesa 7, eso no pasará. Es mentira lo que está diciendo la empresa Interagua, Ecapag y el mismo alcalde Jaime Nebot, de que en algunos sectores no se va a continuar con la obra porque Interagua ya no va a invertir. Eso es una gran mentira que les están diciendo a los ciudadanos para que defiendan a esta empresauria privada. Eso es mentira, ellos no invierten ni un solo centavo y lo hemos demostrado con documentos.
En resumen, si el Municipio asume su responsabilidad como debe asumirla, por mandato de la nueva Constitución, se garantiza que más gente tenga acceso y que el servicio realmente sea bueno.
Lo que han hecho para privatizar los servicios, ha sido desprestigiar a la empresa pública, pero pensamos que hay una buena cantidad de profesionales en este país que puede hacerse cargo de las empresas para dar un buen servicio pensando en los intereses de todos y no en los privados.

MC: Cuéntanos sobre la calidad del agua de Guayaquil…
CC: Bueno, el agua de Guayaquil es un agua entubada, que en términos concretos significa captar el agua de los ríos y transportarla hacia las casas. Mientras que el agua potable es tratada y apta para el consumo humano.
Lamentablemente en Guayaquil aún no tenemos agua apta para el consumo, según el contrato con Interagua. Por eso es que nadie en la ciudad bebe el agua directamente de los grifos. Lo cual perjudica la economía de las familias, porque además de pagar el servicio, tenemos que comprar agua para beber y para la preparación de alimentos y eso no es posible en ninguna economía.
En los EE.UU. los municipios están tomando el control y haciendo que la gente no compre más agua embotellada, en cambio acá tenemos campañas que nos dicen que hay que beber agua embotellada. Y eso no le beneficia a nadie y a la larga perjudica también a los esteros de Guayaquil que están pagando por la falta de responsabilidad en el tratamiento de las aguas servidas.

MC: Sobre el mínimo vital gratuito…
CC: Lo vemos con buenos ojos, porque la Asamblea en su conjunto ha recogido los planteamientos de todos los sectores, eso es positivo y necesario y eso se ve reflejado en los artículos.
En el tema del agua, por ejemplo, la inclusión del mínimo vital gratuito, significa realmente acercar el derecho humano al agua a la gente más pobre, porque en Guayaquil, en estos momentos, cerca de 100 mil familias tienen problemas para pagar las facturas de agua.
Primero porque el agua, en este periodo que lleva la concesión de siete años, ha subido un promedio de 180% para los sectores que menos consumen agua, es decir, para los sectores más pobres…

MC: De ahí que piden que se condonen las deudas de estos sectores?..
CC: Claro. Justamente porque esas son deudas incobrables; es decir, que tienen más de un año. Además de eso se arrastran deudas con Ecapag desde antes del 2000. Son deudas que ya no se pueden recuperar y más bien se está gastando dinero en intentar cobrarlas.
Esperamos que la Asamblea las declare condonadas porque además de eso a los pobres nunca nos han condonado ninguna deuda. Los que se han condonado han sido siempre los ricos de este país. Y por primera vez en la historia del Ecuador, si se aprueba la transitoria de la condonación, realmente sería un hito. Porque va a beneficiar a millones de personas en todo el país, pero justamente a los pobres, para quienes hay que hacer las leyes.

MC: César, explícanos un poco el tema de las Juntas Comunitarias de Agua…
CC: Bueno, hay en todo el país cerca de seis mil juntas comunitarias de agua potable que brindan el servicio en los lugares más recónditos del país. Y toman el agua directamente de ríos; de pozos profundos o también de vertientes.
Es decir que extraen el agua de una manera rudimentaria y tienen tarifas de costos de agua sumamente bajas.
Una familia, en la parroquia Manglar Alto, le cuesta un promedio de 4 dólares consumir 10 m3 de agua, es decir a 40 centavos. Mientras que en Guayaquil, esos 10 m3 cuestan cada uno 67 centavos, como ves, hay una diferencia considerable.
Los sistemas comunitarios son solidarios con la gente. Además de eso son buenos porque les permite acercar un servicio de agua a la propia gente en el lugar. Y eso hay que apoyarlo y necesariamente tiene que ser apoyado a través de las leyes que se dictarán en después de la aprobación de la nueva Constitución.
Debe contener un capítulo especial para el fortalecimiento de estas juntas porque son súper necesarias porque son sectores a donde no llega la empresa pública, con la dotación de agua y son sistemas de muy bajos costos que pueden ser sostenidos y sostenibles.

MC: ¿Cómo ves en general el trabajo de la ANC?
CC: En términos generales ha sido bastante bueno. Ha habido bastante participación de las organizaciones sociales, inclusive de las empresas privadas. Yo recuerdo que Interagua se pasó casi quince días haciendo lobby, hablando con cada uno de los asambleístas, defendiendo sus intereses y eso también es importante, porque fueron escuchados y da cuenta del proceso democrático que hemos tenido en el país.
De igual manera a nosotros, también nos recibieron. Y les dimos información oportuna, verificada y verificable, y técnicamente lograda para diferenciar entre la información engañosa que presentaba Interagua en relación con lo que ha hecho. Por ejemplo, se apropian de la tarifa como suya; es decir, el dinero de los usuarios lo ponen como inversión suya. Esa fue una de las mentiras que les dijeron a los asambleístas y nosotros justamente hicimos lobby para demostrar que estaban mintiendo.

Ahora, a los señores de la oposición se les dio la oportunidad de exponer sus criterios, lo que están haciendo es un show mediático. No porque se esté afectando sus intereses, porque ha habido un proceso de concertación interesante, en términos de que esta nueva Constitución los incluye también a ellos. Incluye a la gente que tiene recursos, porque no es cierto que les quita algo, lo que hace es ciudadanizar el Estado. Esto es, si antes mucha gente evadía impuestos, ahora tendrá que pagarlo.

Sólo como un ejemplo. El año pasado, el municipio de Guayaquil, le cobró el 1.5 por mil a cerca de ocho mil empresas. En este año, por efecto de la Ley de Equidad Tributaria, se conoció que en Guayaquil existen 21 mil empresas que tienen que tributar y pagar el 1.5 por mil. Significa esto, que de cada cuatro empresas, tres escondían sus activos y eso se lo puede comprobar por medio del presupuesto municipal del 2007. En el presupuesto del 2008 aparecen 21 mil, ¿dónde estaban esas trece mil empresas en el 2007? Eso lo único que significa, es que el trabajo de la Constituyente lo que hace es transparentar los sectores.

¿Qué es lo que se les está quitando? No se les quita nada. Lo que se les pide es que cumplan con la ley, porque la ley es para todos.
Lo que se espera con la nueva Constitución es tener un Estado ciudadano. Un Estado que va a precautelar los intereses de todos. No solamente va a beneficiar a una parte como lo ha hecho en el pasado. Ahora va a velar por todos, hasta los mismos ricos. Porque hay artículos que, por ejemplo, defienden la propiedad privada. Y eso es importante si pensamos que hay que convivir en un proceso histórico de construcción del país.

MC: Ese Estado ciudadano, del que hablas, César, ¿qué significa para las organizaciones sociales del país?
CC: Bueno, yo comparo el actual momento con lo que pasó en 1895 con lo que pasó con la Revolución Alfarista. Esta no es una revolución de izquierda, no es una revolución Socialista, no existe el Socialismo del siglo XXI, esas son solo frases sueltas. Lo que sí existe es una democratización del Estado, ya que permite que todos podamos acceder a los beneficios del Estado, pero también a las obligaciones que implica ser parte de ese Estado. Por ejemplo, el caso nuestro como organización. Tenemos que tributar, pagar impuestos, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas, fruto de esta nueva forma de ver el Estado. Y al mismo tiempo tenemos que recibir beneficios del Estado, que, por ejemplo, hasta ahora no los vemos.
A través de la nueva Constitución vamos a ver reflejados esos impuestos que pagamos, como institución y como persona, en que los jóvenes de todo el país puedan acceder a la universidad..

El 14 de julio, el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó, por unanimidad, con 101 votos, el derecho humano al agua y la condonación de deudas para los usuarios de extrema pobreza.
Art. 13.- El Agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso publico, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

(*) Equipo de Prensa Memoria Ciudadana