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“El agua es un derecho humano fundamental, pues es imprescriptible, inalienable e inembargable”
Entrevista a Sofía Espín

Foto: Memoria Ciudadana

Sofía Espín Asambleísta de Guayas por Alianza País Mesa No. 5 Recursos Naturales y Biodiversidad

En el marco del primer debate sobre el agua, entrevistamos a Sofía Espín, asambleísta de Guayas, por AP, quien ha sido enfática al decir que al colocar en la redacción del artículo la palabra “acceso” está posibilita la privatización.
El tema causaba, hasta la realización de esta entrevista, polémica al interior de la misma bancada oficialista.
Así, el asambleísta Rolando Panchana sostenía que “si llueve no les está cayendo a l@s ecuatorin@s un derecho del cielo”. Sin embargo, en la última reunión de bloque, el pasado 10 de junio, los asambleístas de País acordaron que “el derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable. Es patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”, artículo que fue también aprobado por la mesa 5 el día 11 de junio y que quedó listo para el segundo y definitivo debate en el pleno.

MEMORIA CIUDADANA (MC): Asambleísta, ustedes primero hablaban del agua como un derecho humano, ahora hablan del acceso al agua como un derecho humano, ¿en dónde radica la diferencia?
Sofía Espín (SE): Efectivamente. Nuestra mesa aprobó varios meses atrás la propuesta del agua como un derecho humano fundamental, porque consideramos que el agua es imprescriptible, inalienable e inembargable; en resumen, el agua no nos la pueden quitar.
Sin embargo, el día de hoy (martes 3 de junio), la mesa 5 aprobó el acceso al agua como un derecho humano.
A nosotros nos parece que hablar del acceso al agua como un derecho humano es menos fuerte que hablar del agua como un derecho humano. ¿Por qué? Porque cuando usted habla del acceso está hablando de que otro es dueño, de que no es dueño el pueblo ecuatoriano; sino que es alguien quien te permite el acceso a.
Nosotros creemos que no debe ser así. Pues el agua es de los ecuatorianos, de la naturaleza del Ecuador. Sin embargo, hablar del acceso al agua como un derecho fundamental es un avance importantísimo. Porque antes no existía nada, pero creemos que podemos lograr un poco más y eso lo vamos a plantear en el pleno.
En todo caso, es un avance súper importante y esto va de la mano con lo que ha aprobado la mesa 7, Régimen de Desarrollo, que habla de que el agua y su gestión no pueden ser privatizadas.

MC: Al respecto de las privatizaciones, a su criterio, ¿cómo debería quedar el contrato con Interagua?
SE: Bueno, para mí es claro que esta concesión tiene que terminar, pero no solamente porque lo diga la Constitución, sino porque ha incumplido el contrato.
ECAPAG multó a Interagua con un millón y medio de dólares por incumplir las metas del quinquenio, por esto tan solo el contrato debió terminarse. Y, además, nadie se olvida que en Guayaquil hubo una contaminación terrible de hepatitis.
Los guayaquileños sabemos que no podemos tomar el agua directamente del grifo, o sea, es un agua entubada no potable. Y finalmente, según los datos de ellos el 10% de la población aún no tiene agua; según los datos que nosotros manejamos, alrededor del 30% no tiene agua, que son los más pobres, que compran  agua de tanqueros y que es la más cara.
Entonces, Interagua, ha incumplido. Y según la información que ellos mismos nos han entregado, no hay datos ciertos de que hayan invertido dinero de la empresa en el tema del agua y del saneamiento de Guayaquil. Y en ese sentido, la conclusión es, si no han invertido, para qué necesitamos una empresa privada.
Pero más allá de todas estas falencias, el tema es de concepto. Aquí no podemos hablar de un recurso fundamental para el desarrollo del ser humano, cómo es posible que se pueda lucrar con esto, porque utilidades sí ha tenido Interagua. Esto es usura. No ha invertido, pero ha lucrado. Y si se tratase de una empresa pública, estos 40, 50 millones que ha tenido de utilidades podrían haber sido re invertidos en el mismo sector.
Por eso nosotros creemos, y lo ha planteado la mesa 7, que el agua y su gestión no pueden ser privatizadas. Y aquí hay que ser muy claros, el señor Alcalde (Jaime Nebot), decía el otro día que la concesión no es privatización; absolutamente falso. Y esto lo sabe cualquier abogado. La concesión es una figura de la privatización. Es cederle una responsabilidad que es del Estado a una empresa privada.

MC: Sin embargo, el contrato con Interagua duraría hasta el 2031. ¿Qué pasará en este caso, si finalmente se aprueban estos artículos? ¿El Estado indemnizará a la empresa?
SE: La mesa 7 ha presentado al pleno, a través de un informe de minoría, la posibilidad de que haya una transitoria que determine que toda concesión que no se acoja al articulado ya presentado, o sea -que el agua y su gestión no son factibles de privatizaciones- en un tiempo perentorio cambie, se revierta.
En el caso de Interagua, posiblemente una reversión implique pagar una indemnización. Sin embargo, sería Interagua la que debería indemnizar al pueblo guayaquileño por haber incumplido las metas.
Hay varias demandas en el Tribunal Constitucional en contra de Interagua y lo que cabe es que se de por terminado el contrato y que indemnicen a los usuarios.

MC: Asambleísta, para los grupos ambientalistas y la sociedad civil en general, el agua es un tema muy sensible, pues ya se habla de que la próxima guerra no será por petróleo sino precisamente por agua. ¿Cómo se va a garantizar en la nueva Constitución este recurso a largo plazo, más allá del tema privatizaciones?
SE: Bueno, un tema que nosotros discutimos mucho, al interior de la mesa 5, es el agua. Y lo que planteamos ahí es que quede claramente especificado que las áreas protegidas, que son las que nos permiten que se cumpla el ciclo del agua, no se vulneren. En la nueva Constitución garantizamos las áreas protegidas; garantizamos  que en las fuentes primarias del agua no haya explotación de ningún tipo, ni petroleras, ni mineras; es decir, que no haya explotación que no sea sustentable. Garantizando eso, estamos asegurando nuestras reservas.
Yo creo que también en el Ecuador hay peleas por agua. Hay terratenientes que se creen que porque un río pasa por su propiedad el agua de ese río les pertenece, cuando no es así. Los pequeños, que no tienen la posibilidad de riego, no tienen agua.
Entonces, hay ya en estos momentos conflictos graves por el agua, pero solamente preservando las áreas protegidas y las zonas de ecosistemas ágiles, que son puntos altos de biodiversidad en el mundo, podremos garantizar y preservar el agua de los ecuatorianos a largo plazo.
Nosotros en la mesa estamos empeñados en garantizar este tema y vamos a ver cómo finalmente se  lo plantea en el articulado.
Yo personalmente creo que minería sí, pero que no vulnere estos ecosistemas frágiles. Que no vulnere las áreas protegidas, porque son los lugares donde se siembra el agua. Y tenemos que garantizar agua para las futuras generaciones. Ahora, el 35% de la población ecuatoriana no tiene agua, tenemos que garantizarles ese derecho y democratizar el agua.

MC: Democratizar el agua también es fijar unas tarifas que sean asequibles precisamente para la población mayoritariamente pobre…
SE: Ese tema lo están tratando en la mesa 7, pero yo he planteado la necesidad de un mínimo vital gratuito que haga cumplir el derecho humano al agua.
Este mínimo vital gratuito sería un subsidio cruzado: los que tienen la posibilidad de pagar agua, le cubrirían a los que no tienen.
Ese mínimo vital gratuito básicamente cubriría las necesidades domésticas, de salubridad, del consumo en alimentos y eso no tendría costo. Pero de ahí para arriba sí.
Esto también implica un ahorro en el uso del agua, de los que menos tienen y de los que más pagan, es decir, de todos. El agua en general debe ser usada racionalmente.

* Entrevista realizada en Ciudad Alfaro, el 3 de junio de 2008

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