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Por una real defensa de la vida y salud de las mujeres ecuatorianas
CEPAM

La necesidad de que la nueva Carta Magna sea más enfática y precisa para salvaguardar la salud sexual y reproductiva de las  mujeres, y penalizar a los centros de salud clandestinos, es imprescindible e inherente al respeto por los derechos de los seres humanos. La promulgación de una ley que garantice esto en el marco de la equidad y dignidad impediría inclusive, centenares de decesos que como es de conocimiento público ocurren por complicaciones en el embarazo o parto.

Según las estadísticas nacionales, en el 2007 murieron 135 mujeres ecuatorianas, o más de dos por semana, fallecieron por complicaciones durante su etapa de gestación. A su vez, un estudio que realizó la UNICEF a nivel mundial arrojó que los recién nacidos que se quedan sin madre tienen de 3 a 10 veces más probabilidades de perecer que los neo natos cuyas madres han sobrevivido al parto. “Muchas de las vidas de estas mujeres se podrían salvar si tuvieran acceso a una atención básica de la salud que incluya personal preparado en todos los partos y atención obstétrica de urgencia para mujeres que presente complicaciones”, señala el estudio.

Es tiempo de analizar y unir criterios para que esta tasa de mortalidad materna disminuya y se detalle en la Constitución cuáles serán las excepciones de ley que les permitan a las ecuatorianas sobrevivir en casos en los que su estado de gestación sea de riesgo.

El derecho a la vida, es un derecho de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Al negar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de nuestro marco Constitucional se están negando también los siguientes derechos:
El derecho a la salud
Derecho a la seguridad personal
Derechos a la no discriminación y a la igualdad
Derecho a la libertad 
Derecho a la privacidad
Derecho a la información
Derecho a no ser sometido al trato cruel, inhumano y degradante
 
 
Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico
Derecho a la libertad religiosa y de conciencia*

 

Ninguna mujer debe morir dando vida. Unámonos en esta lucha.

*Tomado del boletín Mujeres en la Constituyente.

“El Estado garantizá la protección y cuidado de la vida en general desde la concepción, con las excepciones que establezca la ley”, es ver seriamente el principio de la solución

La promulgación de un marco constitucional que imposibilite la realización de abortos terapéuticos, negará el derecho a la vida a muchas mujeres y criminalizará a médicos, médicas, obstetras y demás profesionales de salud que deban salvar estas vidas. A este criterio se suman muchísimas voces preocupadas por las nefastas condiciones en que la mayoría de la población ecuatoriana debe afrontar sus problemas de salud y la escasa planificación familiar. 

Así, para la Ministra de Salud, Carolina Chang, “la eliminación de la posibilidad de interrumpir un embarazo, por necesidades terapeúticas, conllevaría no sólo a aumentar las tasas de mortalidad materna y a empeorar la situación de la salud de las mujeres ecuatorianas, sino que también obligaría a la mujer a llevar su embarazo a término en casos como la anencefalia, es decir la ausencia de cerebro en el feto, lo que en términos médicos lo hace inviable, o en caso de un embarazo ectópico, aquel que se desarrolla fuera del útero y constituye  un riesgo grave para la vida de la mujer. 

Llevar a término un embarazo en estas condiciones es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, es atentar a la vida y a la integridad de las mujeres; y, al derecho a no sufrir tratos  inhumanos crueles o degradantes”.

Todos y todas estamos defendiendo la vida, por lo tanto en el tema del aborto, hay que considerar las excepciones sobre las cuales se debe actuar con criterio y razón para salvaguardar la vida de las mujeres. Para nadie es desconocido los efectos devastadores que tiene la muerte de una madre para la familia y para la sociedad.

De seguirse alimentando las fantasías de una falsa campaña pro vida, muy alejada de los valores cristianos que se dice defender, y con penalizar de ese modo el aborto en todas sus manifestaciones y causas, lo único que se logra es ahondar la crisis de salud que vive nuestra comunidad, además de retrasar el debate de temas fundamentales para nuestra nación.

Dar paso en la Carta Magna a que “El Estado garantice la protección y cuidado de la vida en general desde la concepción, con las excepciones que establezca la ley”, es ver seriamente el principio de la solución. Luego tocará implementar el marco legal que permita a las mujeres cuidar su salud sexual y su salud reproductiva, y penalizar a los centros de salud clandestinos.

Para leer detalladamente:

Estadísticas y apuntes sobre el tema en nuestro país
En 2007, En Ecuador, 135 mujeres, o más de dos por semana, murieron en nuestro país por complicaciones del embarazo y el parto.

Mientras, en la Maternidad Isidro Ayora, de Quito, 250 que tuvieron embarazos ectópicos (embriones implantados fuera del útero) salvaron sus vidas gracias a un aborto terapéutico; en otras palabras, sin esa posibilidad que contempla la legislación actual, aproximadamente cinco habrían muerto cada semana.

También en Ecuador, en el año 2006, se registraron 26.923 egresos hospitalarios por aborto no especificado, esta es la primera causa de morbilidad femenina y representa una tasa de 40.9 por 10.000 mujeres.  A este número hay que añadir todos los casos que no se registran por realizarse clandestinamente, es decir el subregistro en este tema es alto.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país cada año se producen 230.677 abortos peligrosos que ponen en riesgo la vida de las mujeres y cuyas consecuencias son desastrosas.

La muerte de una madre tiene graves repercusiones en la vida de los hijos, condicionando su educación, crecimiento y cuidado, un niño cuya madre ha muerto tiene 4 veces más probabilidades de morir en relación con aquel cuya madre ha sobrevivido, tienen más probabilidades de sufrir trastornos de crecimiento y menos oportunidad de asistir a la escuela.  La muerte materna tienen enormes  repercusiones para las familias; la pérdida del ingreso y de otras contribuciones que aporta una mujer pueden ser desastrosas, los altos costos de la mortalidad materna pueden agotar los recursos financieros de las familias.

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