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25 de junio de 2008
Asamblea ecuatoriana condena decisión de Parlamento europeo
PRESENTACIÓN EN EL PLENO SOBRE DIRECTIVA DE RETORNO
Por: Mercedes Panta
Asambleísta migrante
Ponencia presentada en
Junio 25, 2008

El día 18 de junio se aprobó en el seno del Parlamento Europeo, con una amplia y controvertida mayoría de 367 votos, la llamada “directiva de retorno de los inmigrantes irregulares”. Dicha normativa constituye una flagrante violación a los derechos humanos, en general, y en particular de los derechos de las personas migrantes y de los menores de edad que viven en contextos de migración.
En las últimas décadas, las y los trabajadores migrantes hemos constituido en los motores de las economías de los países receptores de los flujos migratorios en la Unión Europea, y hemos contribuido a vitalizar sus poblaciones estructuralmente envejecidas. Los Estados de dichos países han llegado a reconocer la necesidad de contar con grandes contingentes de trabajadores migrantes para sostener los ritmos de crecimiento económico, pero contradictoriamente criminalizan nuestra presencia, contribuyendo a agudizar las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en la que vive la gran mayoría de personas migrantes.
Resulta indignante que este doble discurso y esta política velada de criminalización ahora se hayan plasmado en una legislación que significa un retroceso significativo en materia de políticas migratorias, y en el desarrollo de las luchas por la defensa de los derechos humanos.
La directiva en mención determina, entre las más graves, las siguientes medidas de penalización:

• La deportación de los inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

• El mal llamado “retorno voluntario” una vez emitida una orden de expulsión, previsto para realizarse en un periodo de entre 7 y 30 días.

• La retención del inmigrante en un centro de detención, por periodos de hasta 18 meses, si se considera que éste puede constituir un “riesgo de fuga” o si rechaza su repatriación.

• Los menores de edad no acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante el menor tiempo posible”. No obstante, los menores no acompañados podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia siempre que en ellos exista “estructuras adecuadas de acogida”. Esto violenta abiertamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto todos los Convenios Internacionales en esta materia.

Como una emigrante ecuatoriana, ciudadana universal, y Asambleísta Representante de los Ecuatorianos en el Exterior, me hago eco de las palabras del Presidente de la República, Rafael Correa, cuando cuestiona a la Unión Europea “¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”
Condeno enfáticamente la postura de los 27 Estados de la Unión Europea y hago un llamado a la Asamblea a que levantemos una voz de franco rechazo frente a este peligroso giro que asume la Unión Europea, que vergonzosamente ha desconocido su pasado migrante, a fin de que se asuma una política migratoria que respete los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición jurídica, y que reconozca la fundamental contribución que millones de seres humanos migrantes hacemos día a día en estos países. Insto a que la resolución que emita la Asamblea refleje una postura crítica y enérgica sobre el tema, enfatizando que esta Directiva violenta a todas luces los derechos humanos.
El desconocimiento igualmente de los derechos de las personas vulnerables. No se han considerado las suficientes precauciones a los riesgos que corre el extranjero en el país al que ha inmigrado, violando así el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.
No se ha considerado las medidas específicas de protección a los menores, contradiciendo el interés superior del menor” que recoge la Convención Internacional sobre derechos del niño.
No garantiza el retorno, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes irregulares.
Que el ser indocumentado no constituye motivo para criminalizar a un ser humano, puesto que ninguna persona es ilegal.
¿Por qué? ¿Los seres humanos somos ilegales y la explotación no?
Quisiera preguntar a los del parlamento, ¿cuáles fueron los fundamentos para analizar y llegar a estas conclusiones ?
Manifiesto mi solidaridad a todos los hermanos y hermanas migrantes que llevan adelante sus proyectos de vida en tierras ajenas y reitero mi compromiso de seguir trabajando para lograr que la migración sea reconocida como un derecho humano fundamental.
MERCEDESPANTA
UNA MIGRANTE

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