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27 de junio de 2008
América Latina cierra filas contra plan de UE
Tomada de la edición impresa de El Telégrafo

Al pedido del Gobierno de Ecuador se sumó una resolución de la Asamblea. Hay ofensiva de OEA y Mercosur.

A la convocatoria que realizó el Gobierno de Ecuador al resto de países de la Comunidad Andina para que se unan en contra de las medidas antimigratorias aprobadas por la Unión Europea, se sumó una resolución que la Asamblea aprobó la noche del miércoles, y que fue redactada por los asambleístas representantes de los migrantes ecuatorianos.

El documento condena la directiva de retorno aprobada por el Parlamento Europeo, y fue aceptado por unanimidad, con 69 votos aprobados, 0 blancos y 0 abstenciones.

El asambleísta Rafael Esteves resaltó que mientras Ecuador abre sus fronteras, la Unión Europea las cierra. “Es irónico que pase esto cuando en la Constitución nosotros hablamos de soberanía universal”. “A veces pienso que nos estamos volviendo muy blandos y hay países extranjeros que se sienten con el derecho de pisotearnos, de bombardearnos”, dijo.

Otro de los integrantes de la Mesa 9, de Soberanía, Luis Hernández, opinó que “no se puede condenar la migración porque es un fenómeno natural. Hacerlo sería atentar contra los derechos humanos”.

Los asambleístas aseguran que ahora la labor está en manos del Presidente, quien debe promover el conocimiento de esta resolución para evitar maltrato a los emigrantes, nativos de un país que ha eliminado la visa para los extranjeros. Algunos opinan que debe ser publicada en Registro Oficial, en medios de comunicación y que se haga una campaña de conocimiento del tema para que los emigrantes estén informados.

Mientras tanto, la Organi-zación de Estados Americanos (OEA) manifestó ayer su “preocupación” por la nueva ley de expulsión de inmigrantes indocumentados aprobada por el Parlamento Europeo, y anunció que una misión de ministros americanos buscará una reunión con parlamentarios y autoridades europeos.

En una resolución aprobada por unanimidad de sus 34 Estados miembros -incluidos Estados Unidos y Canadá-, la OEA reunida en Washington expresó su “preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes”.

Reunidos a pedido de Perú, los países americanos encomendaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que conforme una “misión de alto nivel de los Estados miembros de la OEA a la UE para obtener información de primera mano sobre la directiva retorno”, en una reunión en una fecha que está por definirse.

Asimismo, señalaron la obligación “de conformidad con el derecho internacional” de “garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes”.

Los países de la OEA recordaron además que durante la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE a mediados de mayo en Lima, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las naciones europeas acordaron “establecer un diálogo integral y comprensivo sobre la migración”.

Las autoridades peruanas y el Secretario General de la OEA han manifestado malestar por la falta de consulta de la UE con los países latinoamericanos que tienen millones de nacionales en Europa, antes de aprobar la nueva norma de inmigración.

El canciller peruano, José García Belaúnde, propuso este jueves “reforzar los mecanismos de diálogo entre los dos continentes (Europa y América) para encontrar vías constructivas de solución práctica que protejan los derechos básicos y las libertades fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias”.

El vicecanciller paraguayo, Antonio Rivas, manifestó la “decepción” de su país por la nueva normativa europea, la cual pidió “rever y modificar”, y denunció una “incongruencia” de la legislación con las relaciones históricas entre los dos continentes.

“México lamenta la aprobación” de la ley europea, dijo por su parte la vicecanciller Lourdes Aranda.

“Nadie puede resolver unilateralmente el fenómeno migratorio”, manifestó Aranda. “Es indispensable fortalecer el diálogo” entre las regiones involucradas, señaló, y sostuvo que “los nacionales de terceros países no deben ser objeto de encarcelamiento por una falta administrativa” como la de no tener estatus migratorio legal.

Los países de la UE que fungen como observadores en la OEA, y que aportan al presupuesto de la organización, defendieron durante el encuentro la legislación, y al mismo tiempo manifestaron su voluntad de dialogar con la misión que crearán las naciones americanas.

Fuentes diplomáticas adelantaron que la misión de alto nivel que esperan conformar los países americanos estará integrada entre otros funcionarios por Insulza --quien ha calificado la disposición de “represiva”-- y por el canciller peruano.

La ley europea ha recibido un rechazo generalizado en América Latina, lugar de origen de millones de inmigrantes del viejo continente.

Rechazo de 21 países latinoamericanos

Los 21 países latinoamericanos y del Caribe que conforman el Grupo de Río expresaron el miércoles su “preocupación” ante la nueva legislación europea en materia migratoria. “Los gobiernos de los Estados Miembros del Grupo de Río expresan su preocupación por la aprobación por el Parlamento Europeo (...) de la directiva de retorno”, señaló un comunicado conjunto de los 21 países emitido por la Cancillería de México, a cargo de la presidencia pro témpore del mecanismo.

En el documento, el Grupo de Río consideró que es necesario “proteger y respetar de manera irrestricta los derechos humanos”, tal y como recomienda el propio Parlamento Europeo, y reclamó que el fenómeno de la migración sea analizado desde un enfoque global. “El Grupo de Río tiene la convicción de que la atención del fenómeno migratorio de nacionales de países en desarrollo hacia países desarrollados requiere de un enfoque integral que considere las contribuciones positivas que realizan los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen”, añadió el texto. La ley de expulsión de los inmigrantes clandestinos establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a ingresar a Europa.

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