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Ecuador: Asamblea Constituyente, zarandeada por los medios
Carlos E. Flores (*)
Periodista
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Carlos E. Flores
Responsable de la Producción Informativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)
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La patria ya es de todos. Es el slogan del gobierno del Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, que llegó al poder para acabar con “la larga noche neoliberal”. Para las elecciones presidenciales llegó sin candidatos para el Congreso. Puso en movimiento la instauración de una Asamblea Constituyente que revise toda la Constitución Política. En el seno de esta entidad, de los 130 electos, 80 son parte del oficialismo bajo el nombre de Alianza País. Correa, en la Asamblea, tiene mayoría.
El trabajo de la Asamblea Constituyente comenzó el 29 de noviembre del año pasado y debió concluir este 27 de mayo. De los 250 artículos que deberían incluirse en la Nueva Constitución solo se han logrado aprobar 57. Con los tiempos ajustados, se decidió ampliar por 60 días el trabajo de la Asamblea. La oposición estima que sumando trabajar los sábados, horas extras y demás no será suficiente para terminar la redacción. El oficialismo argumenta que la demora obedece a la toma en cuenta de diversos sectores de la población. Pero, entre los tiempos apretados y la escucha de todos los sectores, la Asamblea en su conjunto puede ir perdiendo aceptación ciudadana, esto sobre todo por la intensa campaña de los medios de comunicación adversos al régimen de Correa que sin descanso deslegitiman el proceso.
Nótese que en América Latina hay dos países que están en la construcción de un nuevo orden de sistemas políticos, sociales y económicos: Ecuador y Bolivia. Este último, atraviesa un trance político donde la oposición ha bloqueado el avance del proceso, pese a que ya se cuenta con la redacción completa de la Nueva Constitución, lista para aprobar o no por los bolivianos y bolivianas por medio de referéndum. Ecuador camina aún por el debate, por el camino de la redacción; sin embargo, el proceso se dilata y éste juega a favor de una oposición que mira con recelo cambios severos que se quieren incluir en la Nueva Carta Magna. Esta dilación regala un margen suficiente para realizar una oposición agresiva y mediática a los sectores que no concilian con el gobierno. Sumado a esto, el Presidente Rafael Correa no ayuda en el proceso. Un punto delicado es la distancia con las organizaciones indígenas que lo apoyaron en la asunción al poder. Estas organizaciones han querido que las consultas ciudadanas sobre explotar o no los recursos naturales que se encuentran bajo su suelo sean atendidas en la Nueva Constitución. Correa ha dicho que los recursos le pertenecen al estado y que por tal razón las inversiones deben incentivarse, siempre que respeten el medio ambiente. En diversas partes de América Latina las consultas ciudadanas sobre exploración y explotación de recursos no tienen ese poder vinculante, razón por la cual muchos gobiernos desestiman los resultados de estas consultas. Si la Asamblea atendiera el pedido de las organizaciones indígenas sería un caso único y elogiable, en la medida que se generaría importantes espacios de participación y se reforzaría el tema de la licencia social. Correa mostró rechazo a esta iniciativa y las comunidades indígenas han decidido mantenerse en oposición y rechazar la aprobación de la Nueva Constitución a través de su voto. A esta razón de peso, le persigue a Correa, un efecto mediático: el encuentro tosco que tuvo, informalmente, con un inmigrante en España. Entonces, la creciente pérdida de credibilidad de la Asamblea Constituyente, las distancias que Correa mantiene con las organizaciones indígenas y el tratamiento mediático reduccionista y efectista puede desdibujar el proceso político que Correa quiere instaurar en el país, con nueva Constitución bajo el brazo, que tendrá que pasar por el rasero de la decisión ciudadana.
Hay errores de cálculo político que no se afinan en el camino. Y esto es fermento para el ruido que existe alrededor del trabajo de los asambleístas inspirado principalmente por los medios de comunicación. No es para menos, ya que hay un debate ardoroso sobre los derechos a la comunicación donde los representantes de los medios han participado como observadores en la Asamblea. De plano han mostrado su desacuerdo en puntos que señalan, verbigracia, que el estado impedirá la concentración de medios de comunicación y del uso de frecuencias. Ante este cargamontón mediático, el Gobierno hace sus esfuerzos para difundir sus acciones que van sobre todo por el lado del esclarecimiento ante la tergiversación que realizan los medios adversos al régimen. La manipulación de la información flota en el ambiente y tendrá, seguramente, su efecto en el ciudadano o ciudadana que tendrá que aprobar o no la Nueva Constitución.
En Bolivia, la oposición se ha concentrado en los espacios regionales y locales. En Ecuador, el mecanismo escogido es la estrategia mediática. Sin embargo, hay una bomba camuflada, esperando su turno. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, seguramente esperará el momento para impulsar procesos autonómicos. Los sesentas días ya corren. Esperemos.
(*) Responsable de la Producción Informativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER
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