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04/10/2007
Malos congresistas o democracia caduca
Por: Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Luego del arrollador triunfo de las fuerzas de la tendencia -como las califica el Presidente Rafael Correa al conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda-, en las elecciones para la Asamblea Constitucional, la derrotada y minimizada derecha plantea la necesidad, para ellos, de mantener en funciones al Congreso Nacional, bajo el argumento de que la democracia se fundamenta en la división de poderes. La razón para tal argumento es evidente: el último refugio político del que disponen las fuerzas de derecha es el congreso, desde el cual ofrecen resistencia y defienden sus intereses, como lo demostró la aprobación de Ley de Transparencia Financiera en claro beneficio de los banqueros ecuatorianos. Su cese de funciones, entonces, terminaría por dejarles en la total orfandad política.

Las fuerzas triunfantes, por su parte insisten en que el Congreso debe cesar en sus funciones, dado que la Asamblea Constituyente de plenos poderes, en su condición de poder constituyente se halla sobre el poder constituido y puede, en consecuencia, tomar decisiones sobre aquel. Adicionalmente recuerdan que si la Asamblea Constituyente asume la función de legislar, el Congreso se quedaría sin funciones, puesto que la fiscalización fue minimizada por la Constituyente de 1998. Agregan igualmente que la calidad del congreso es tan deplorable que una decisión en ese sentido sería respaldado totalmente por la población ecuatoriana. Particular sobre el cual no existe duda alguna.

Sin embargo de lo evidente del desgaste por los frecuentes y constates desaguisados del Congreso Nacional, el juzgar la pertinencia o no de su permanencia sitúa el problema del Congreso en lo aledaño, lo secundario. A nuestro criterio, el problema pasa por la caducidad de la democracia representativa, de su práctica. En otros términos, en tanto se mantenga este tipo de democracia, en la que los elegidos en forma absolutamente independiente de sus electores, por si y ante sí, tomen decisiones que afectan incluso al conjunto social, sea cual fuere la estructura del congreso, sea quienes sean los congresistas, su acción sustantiva no se modificará en absoluto. Continuarán beneficiando al poder económico que paga por sus buenos oficios.

En consecuencia, si de resolver el problema del congreso y de otras instancias se trata, es ineludible enfrentar el problema del tipo de democracia que queremos construir para nuestra sociedad. Ante ello, cabe preguntarse si Alberto Acosta, futuro presidente de la Asamblea Constituyente, se plantea reemplazar la democracia representativa por la democracia participativa cuando afirma: “Queremos que los ciudadanos y las ciudadanas tengan en sus manos la definición del presente y la construcción del futuro”. Interrogante válida cuando a renglón seguido sostiene que sea el Congreso el que tenga la facultad de revocar el mandato del Presidente y no la población en consulta revocatoria, como es propio de una democracia participativa. Igualmente soporta nuestra interrogante, su aseveración de que: “Planteamos, como muestra, la no reelección indefinida de ninguna persona escogida con el voto popular o que dirija alguna entidad financiada por el Estado”, lo cual tampoco se compadece de la democracia participativa, puesto que en ella es la legitimidad de los funcionarios, sustentada en el grado de aceptación de su gestión y no en otros parámetros arbitrarios -como termina siendo cualquier disposición legal-, la que determina y exige la reelección como un derecho de los ciudadanos de un país.

Para robustecer nuestro argumento sobre la legitimidad y los límites de las normas legales, vale recordar que el derrocamiento de los presidentes Bucarám, Mahuad y Gutiérrez, respondió a una pérdida de legitimidad ante el pueblo ecuatoriano, y, la transgresión de las leyes que produjeron esos acontecimientos, los límites de validez real de las normas legales. En consecuencia, si un presidente u otros funcionarios de elección popular mantienen legitimidad ante sus electores, resulta poco democrático el contravenir la decisión de los electores a través de una norma legal. Lo democrático no reside, entonces, en la alternabilidad como lo plantea la derecha, sino en el respeto de la decisión de la mayoría. A lo dicho se agrega que la derecha esgrime este caballo de batalla, no por defender la democracia, sino en el oculto propósito de imposibilitar la reelección del Presidente Rafael Correa. Por ello, no sólo son prematuras las expresiones que se suman a esta visión, son sobre todo políticamente ingenuas.

Finalmente, ante las afirmación de Alberto Acosta de que: “Luego de terminado el proceso electoral, que incluye el conteo definitivo de votos y que puede tomar incluso varios días, tenemos que consolidar nuestras propuestas. Una tarea que nos convoca a salir nuevamente a buscar a los habitantes del campo y la ciudad. Con ellos tenemos que construir la nueva Constitución, no lo olvidemos”, es importante recordar que la democracia participativa rebasa las simples consultas, reemplazándolas por la presencia permanente de los más amplios sectores en la elaboración de las propuestas, en la discusión de las mismas y en la decisión sobre los contenidos finales. Supera la mera información de lo actuado y, exige, simultáneamente, que los asambleístas se conviertan de representantes a voceros de las decisiones de los más amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. No olvidemos que en la práctica de la democracia representativa también se ausculta la opinión de la población (la definición de consignas de campaña es producto de una especie de síntesis de las consultas realizadas). Igualmente se informa, a través de los medios de información sobre las propuestas planteadas, el desarrollo de las discusiones y los textos aprobados. La diferencia radica en que la democracia participativa exige la presencia constante de la población movilizada durante todo el proceso. Demanda que las propuestas, antes de ser presentadas, sean puestas en su conocimiento para su discusión y aprobación. Reclama que los asambleístas respeten esas decisiones y no las modifiquen sin su consentimiento. Finalmente, como lo propuso bien el Presidente de la República Rafael Correa, el nuevo texto constitucional debe ser aprobado o improbado en consulta popular. Sólo ese proceder y proceso permitirá la compenetración, la identificación de todos los ecuatorianos con el nuevo texto constitucional.

Así planteado el problema, sólo resta esperar que el bloque de la tendencia que mantendrá la hegemonía en la Asamblea Constituyente inaugure la democracia participativa. Que adopte la democracia participativa como el único sistema que nos permitirá rebasar el sistema caduco de la democracia representativa. Que convierta las consultas en presencia constante, directa de los ecuatorianos en la elaboración de propuestas, en su discusión y aprobación. Todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad mayor en este emprendimiento. La historia nos dirá si estuvimos a la altura del cambio demandado. Si fuimos capaces o no de rebasar la democracia representativa que sólo ha satisfecho los intereses de los grupos dominantes.

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